Superintendencia Nacional de Salud- Circular 04 de 2014

  • Atención oportuna, que consiste en que las entidades concernidas deben proporcionar a las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer la atención en salud sin ningún tipo de retraso. Tampoco se debe negar o dilatar la atención médica requerida, y el registro de citas de consulta especializada debe gestionarse y optimizarse.
  • Autorización integral, especí­ficamente en el caso de las ordenadas para quimioterapia o radioterapia de pacientes con cáncer que sigan guí­as o protocolos acordados, por lo cual se realizará una única vez para todos los ciclos. En los casos en que el profesional tratante ordene estos servicios por fuera de las guí­as o protocolos, la autorización deberá cubrir como mí­nimo seis meses. Es de resaltar que está prohibido que los trámites de la atención integral se le traslade al paciente o a sus familiares, de entera responsabilidad de las entidades vigiladas, según sus competencias.
  • Rehabilitación integral, consistente en todos los servicios de terapia fí­sica, sicológica y social que requiera el paciente, incluidos los servicios de apoyo social, atención de hogar de paso, y transporte, en los casos en que el profesional tratante lo considere pertinente.
  • Continuidad en el tratamiento, a través de una secuencia lógica y racional de actividades, basadas en el concepto del médico tratante, sin que los tratamientos puedan ser interrumpidos por motivos administrativos o económicos.
  • No pago de cuotas moderadoras ni copagos, ya que si se supedita la prestación de servicios en salud a la realización de un pago, se entiende que presenta una barrera de acceso que dilata e impide la oportunidad e integralidad del tratamiento.
  • Servicios de Promoción y Prevención, que deben ser prioridad para todas las entidades competentes, que deben garantizar acciones de promoción y prevención, con el fin de reducir el riesgo de los pacientes y realizar tratamientos oportunos.
  • Tratamiento de cuidado paliativo, lo que incluye todos los servicios de atención domiciliaria que se consideren necesarios para mejorar la calidad de vida del paciente.
  • Deber de colaboración, consistente en que todas las entidades vigiladas deben actuar de manera armónica para lograr la mejor protección de derechos a las personas con presunción o diagnóstico de cáncer.